Son centenares de personas, la mayoría treintañeros, subsaharianos y sin papeles, que arrastran un carro de sol a sol por las calles para recoger chatarra y revenderla. Después de años de vivir precariamente en naves industriales donde trataban la mercancía, ahora, el Ayuntamiento de Barcelona ha creado una cooperativa para dar trabajo a 12 personas de este colectivo.

Estarán contratados durante un año (prorrogable) y cobrarán el salario mínimo interprofesional (645,30 euros), al que se le restará como máximo un 30% para pagar la residencia o piso de acogida municipal donde vivan. Podrán acceder únicamente a este empleo las personas que ya tengan los papeles o que tengan posibilidad de ser regularizados, cosa que les abre la puerta a obtener el arraigo y tener, así, los papeles.

Esta medida, propuesta por Unitat per Barcelona (ERC+DCat+RCat), supondrá una inversión inicial de 274.855 euros por parte del Ayuntamiento, y se prevé que se pueda ampliar para contratar a 30 personas.

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha destacado que con esta cooperativa se podrá ofrecer una respuesta "laboral y asistencial" a estas personas que se ganan la vida con la recogida de chatarra.

Esta cooperativa, que recogerá residuos puerta a puerta, los trasladara a los puntos limpios y también se dedicará al reciclaje, dificultará que muchas de estas personas inmigradas puedan "caer en circuitos que quedan en la alegalidad y tienden a ser mafiosos". Para el concejal de ERC, con esta iniciativa también se conseguirá recuperar más chatarra porque se refuerza el circuito de recogida.

El alcalde ha insistido en su reclamación de que se otorguen permisos temporales de trabajo a las personas que están en España en situación de alegalidad y no pueden ser retornadas a sus países de origen para no condenarlas a una situación de irregularidad, como es el caso de más de la mitad del medio millar de subsaharianos que estaban en asentamientos barceloneses. Trias ha descartado que pueda ser un "factor llamada" para la inmigración, debido a "la situación de crisis que tiene el país".

"Creo que hacemos una contribución para resolver una de las situaciones más difíciles que tienen por resolver todos los municipios del mundo, que son los miembros de la comunidad llegados de otros territorios que tienen grandes dificultades para poder desarrollar la vida normal que han venido a buscar aquí", ha asegurado Portabella, para quien es la mayor satisfacción que ha tenido en los quince años en los que lleva como concejal de Barcelona.

A falta de datos oficiales, los 570 atendidos desde enero del 2013 en la Oficina del Plan de Asentamientos da una magnitud del fenómeno. Si bien no todos ellos recogen chatarra, en muchos casos vivían en naves y campamentos. Un total de 110 personas están alojadas en recursos municipales, como pisos y habitaciones de hostales, y 96 han recibido algún tipo de formación. Sólo 9 se han acogido al retorno voluntario a su país de origen.

Un año después del desalojo de la nave de la calle Puigcerdà, donde vivían cerca de 300 personas, vecinos y entidades sociales denunciaban este jueves a 20minutos que de los 87 expedientes presentados a la Delegación del Gobierno para pedir la residencia, 43 ya han sido denegados.

Explican que los inmigrantes ya no okupan naves pero que malviven en pisos sobreocupados o directamente en la calle, y reclaman más oferta y un mayor acceso a la formación.